Luis Paulino Vargas Solís, Economista, investigador independiente jubilado.
La idea de ampliar las jornadas a 12 horas es, con muy alta probabilidad, una apuesta del tipo perder-perder. Por varias razones:
- Los perjuicios para la salud que resultan de jornadas laborales extendidas, sobre lo cual hay estudios que aportan evidencia convincente. Más aún: tanto la OMS como la OIT, de forma conjunta, y con base en una amplia literatura científica, han lanzado claras advertencias acerca de los serios problemas de salud asociados al exceso de horas laboradas.
- La fatiga, física y mental, que ocasiona.
- Por lo tanto, y derivado de los dos anteriores, los efectos negativos para la productividad de las personas trabajadoras, con lo que, al cabo, también las empresas, y la economía en su conjunto, perderían.
- En un país, Costa Rica, donde la participación de las mujeres en los mercados laborales es muy limitada (véanse los datos sobre la tasa de ocupación y la tasa de participación de las mujeres), esto agrega nuevos obstáculos, puesto que sigue siendo cierto que, en general, las mujeres costarricenses tienen doble jornada: trabajo remunerado fuera de casa más labores de cuido en la propia casa. Lejos de incentivar la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo remunerado, esto lo dificultará más.
- Con un agravante: no son jornadas de 12 horas, sino de 14, 15 o más horas. Es así a causa de los atascos viales perpetuos que alargan excesivamente los tiempos de traslado.
- Cuando, además, la “voluntariedad” que se le quiere atribuir a la implicación de una persona en este régimen de jornadas ampliadas, no pasa de ser un chiste cruel. En realidad, y en un contexto de ausencia de organizaciones sindicales independientes y feroz represión sindical, cualquier negociación se realizaría a título estrictamente individual, en condiciones donde la persona trabajadora carecería de cualquier poder de negociación.
- Claramente el interés empresarial gira alrededor de la reducción de costos salariales, mediante el recorte de las horas extras. Esto, sin embargo, agravaría los ya agudísimos problemas de inequidad distributiva del ingreso en Costa Rica, además de que reduciría la masa salarial y, en consecuencia, la demanda de consumo, con efecto negativos para el mercado interno y el empleo que depende de este último. Pero si el propósito fuese ganar competitividad en las actividades exportadoras, optando así por una suerte de “devaluación interna”, ello comportaría una decisión política a favor de formas espurias de competitividad, socialmente dañinas y políticamente riesgosas. Aparte que ya ese es un camino que otros países, incluso en nuestro entorno centroamericano, han recorrido, con consecuencias realmente deprimentes.
Aprobar esta reforma sería ceder a la mezquindad cortoplacista de intereses empresariales que ni siquiera logran percibir que los presuntos beneficios que creen obtener son ilusorios. Terminarán con trabajadores y trabajadoras agobiados por la fatiga y el hastío, desmotivados y menos productivos, y con un orden social más desigualitario y, por ello mismo, más inestable y violento, y, en consecuencia, hostil para sus negocios.
El candidato liberacionista, Álvaro Ramos solicitó a su fracción no apoyar la aplicación de la llamada “vía rápida” a este proyecto, algo en lo que está muy interesado el gobierno de Chaves. Ramos dice que “tiene preocupaciones puntuales en temas como la salud y el bienestar del trabajador y su familia, el trabajo de las mujeres o el debilitamiento de programas sociales como las redes de cuido”.
Esto está bien, y de hecho esa posición de Ramos incidió en que no se aprobase la “vía rápida”, lo cual celebro y considero muy positivo. Pero no basta. Y no basta por una razón: deja flotando ciertas ambigüedades.
El asunto es que, aunque Ramos reconoce que existen serias objeciones al proyecto, él, como candidato, no fija una posición. Deja la cuestión sujeta al “análisis de fondo” que considera debe realizarse.
La verdad es que ese análisis de fondo ya se ha hecho: no solo existe literatura científica disponible, sino que, también, se cuenta con pronunciamientos de organismos internacionales muy reconocidos, colegios profesionales y entidades académicas, aparte los provenientes de la Iglesia Católica, cámaras empresariales y sindicatos.
Cuando, por cierto, los argumentos de las élites económicas más poderosas representadas en esas cámaras, cuya vocera principalísima es Pilar Cisneros, se reduce a una sola cosa: competitividad. Y todo eso sustentado en especulaciones que, confrontadas con la evidencia, se desmoronan de inmediato.
Creo que Ramos debería definir posiciones claras y firmes: si su propósito es liderar un movimiento de renueve y reposicione al PLN, deberá hacerlo desde una nítida opción socialdemócrata, que reconstruya los puentes entre su partido y la gente. Es claro que enfrentará las resistencias de una derecha liberacionista muy vinculada al poder económico. Pero, bueno, nadie dijo que fuera fácil, y si se metió en esas, ahora le toca apechugar.
