UCR
En las últimas semanas, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha sido objeto de una serie de cuestionamientos dirigidos contra la figura de su rector, Dr. Carlos Araya Leandro, los cuales, lejos de sustentarse en pruebas verificables, parecen responder a intereses ajenos al bienestar institucional. Las acciones y declaraciones en su contra han derivado en una campaña pública que afecta no solo la imagen personal del rector, sino también la credibilidad y estabilidad de la universidad como entidad educativa de referencia nacional.
Ante esta situación, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) resolvió rechazar una denuncia presentada contra el rector Araya, luego de determinar que los hechos alegados ya habían sido debidamente analizados por la Contraloría Universitaria y no ameritaban una reapertura del caso. Según la resolución, no se identificaron elementos nuevos ni indicios de ilegalidad que justificaran continuar con el procedimiento. Por tanto, la denuncia fue desestimada por carecer de fundamento jurídico.
Paralelamente, se registró una manifestación convocada por un grupo de estudiantes en oposición a la actual administración universitaria. No obstante, esta movilización no logró una participación significativa ni representativa de la comunidad estudiantil, lo cual evidencia que la mayoría del estudiantado no comparte el enfoque ni las motivaciones del movimiento convocante.
El rector Araya ha respondido públicamente a las inquietudes planteadas, participando en diversos espacios de comunicación y foros institucionales, incluido el Consejos de Rectoría Ampliados. En dichos espacios ha reiterado su compromiso con la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas, aspectos que han sido pilares de su gestión.
Desde una perspectiva institucional, este tipo de señalamientos, cuando se fundamentan en intereses particulares o políticos y no en evidencia verificable, representan una amenaza para la estabilidad de las instituciones públicas de educación superior. Su proliferación puede debilitar el entorno democrático, entorpecer procesos académicos y administrativos, y erosionar la confianza de la ciudadanía en los principios que rigen el quehacer universitario.
En este contexto, se reitera la importancia de proteger la educación pública costarricense de intentos de instrumentalización política o de campañas de desinformación. El fortalecimiento institucional debe prevalecer sobre cualquier interés personal o ideológico, y toda denuncia debe ser abordada con seriedad, transparencia y apego al debido proceso, evitando juicios paralelos que comprometan la integridad de las personas y de las instituciones.
La Universidad de Costa Rica debe reafirmar su compromiso con los valores de legalidad, equidad y acceso a una educación de calidad, y hacer un llamado a la defensa colectiva de estos principios, fundamentales para la vida democrática del país.
