Jueves 03 de Abril 2025. El LANAMME, de acuerdo con la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, remite a la Defensoría de los Habitantes, el resultado de auditorías técnicas realizadas a proyectos en ejecución y de las evaluaciones efectuadas a la red nacional pavimentada (carreteras y puentes). Es a partir de estos documentos que, la Defensoría procedió a realizar una investigación sobre el tema de conservación y mantenimiento de puentes, abarcando puentes, pasos a desnivel y puentes peatonales.
Como resultado de la investigación se determinó, que el CONAVI ha sido omiso en adoptar un Sistema de Gestión de Puentes (SGP) propuesto al CONAVI y al MOPT por el LANAMME desde el año 2018 y que le permitiría a la administración, priorizar recursos, preservar o extender la vida útil de los puentes del inventario, al usar principios ingenieriles para priorizar las actividades y recursos basados en un análisis exhaustivo de todos los puentes y sus necesidades específicas.
No desconoce esta Defensoría, que tal y como se informó por parte de sus autoridades, el CONAVI cuenta con una la herramienta informática denominada Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP), el cual en su criterio, además de permitirle mantener un inventario de puentes existentes, datos de inspección, evaluar la deficiencia, priorizar reparaciones así como mantener historial de reparaciones, rehabilitaciones y sustituciones, les permite determinar el grado de deterioro considerando criterios de eficiencia estructural, obsolescencia funcional, características prioritarias y estructurales.
Sin embargo, tal y como la señala el LANAMME, esta herramienta no brinda una calificación directa de la condición de un puente, que refleje su nivel de seguridad
para las personas usuarias ya que, aunque en el proceso propio de la aprobación en el SAEP, los datos incluidos son revisados después de que un usuario los registra en la herramienta tras la inspección de los mismos, por lo que los gestores no tienen la posibilidad de detectar de forma rápida un puente peligroso para los usuarios, lo que permitiría la toma de decisiones paliativas que reduzcan el riesgo.
Bajo la situación descrita, queda claro para esta Defensoría, que ante la ausencia del SGP, y la incapacidad del SAEP de determinar la seguridad del puente para los usuarios, es a través de la realización programática de las inspecciones de puentes, lo que permite conocer el estado o condición estructural y funcional de esta infraestructura a nivel global, que según datos enviados a la Defensoría al 2024, representan 489 puentes deficientes, 1058 en estado regular y 146 puentes en estado satisfactorio.
Y es que, si bien esta Defensoría no desconoce, que el país cuenta con importantes limitaciones presupuestarias, es precisamente ante esta rigidez, que se considera que la implementación de un SGP se convierte en una herramienta indispensable, que vendría a coadyuvar en el proceso de la optimización del presupuesto, por lo que su implementación debería convierte en unos de los principales objetivos para los gestores de puentes.
Sin embargo, la investigación no solo arrojó como conclusión, que no se cuenta con un SGP, sino que evidenció la escasa inversión en conservación y mantenimiento de puentes, que para el 2024 representó apenas un 0,003% del PIB, presupuesto que es asignado por el Poder Ejecutivo, desconociendo los criterios técnicos emitidos por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, lo que pone en riesgo, no sólo la continuidad del servicio, sino la seguridad de las personas usuarias de los puentes de la Red Vial Nacional.
Ante esta situación, la Defensoría enfoca su recomendación precisamente en materia del derecho a la información que respalda a cada uno de los habitantes usuarios de los puentes de la Red Vial Nacional, con el fin de que se garantice al menos, el derecho a conocer el estado de conservación y mantenimiento de esta infraestructura y de este modo exigir la responsabilidad de las autoridades a cargo, en caso de daños y afectaciones a su vida o bienes, así como de la aplicación del Protocolo de salida de operación y restricción de cargas de los puentes de la Red Vial Nacional, con el fin de contar adicionalmente, con señalización que técnicamente corresponda, en relación a cargas u uso seguro de dicha infraestructura.
Por tal motivo se otorga un plazo de tres meses al Director ejecutivo del Consejo de Vialidad, CONAVI; con el fin de oficializar e implementar un programa de divulgación que cuenta con información de todos y cada uno de los puentes (que asegure la totalidad del inventario incluyendo puentes vehiculares permanentes y temporales, y peatonales de la RVN), en el que conste actualizada la información sobre la condición de cada uno de los puentes e información relevante como son las fechas inspecciones (tomando en consideración los diferentes tipos e intervalos de inspección) y sus resultados sobre la condición funcional y estructural de los puentes.
Todo lo anterior según la normativa y las buenas prácticas aplicables, así como otros aspectos como la asignación de recursos de conservación y mantenimiento y próximas inspecciones. La información deberá estar disponible en medios accesibles y en lenguaje comprensible para las personas usuarias, resguardando información técnica adicional como adjuntos.
