Vladimir de la Cruz: ¿Puede mejorarse la selección interna de los candidatos a diputados para la próxima campaña electoral?

Los ciudadanos costarricenses, los electores, el pueblo electoral, cada vez más ha venido resintiendo su no representación directa en la elección de diputados, en no sentirse representados por los diputados y por los partidos políticos que están representados o que tienen diputados en la Asamblea Legislativa.

No es un problema solo de la actual Asamblea legislativa. Es la imagen que se ha venido desarrollando desde hace muchas asambleas legislativas. En ellas pocos diputados destacan en lo personal y en lo político. La inmensa mayoría carece de una buena y básica formación política, que les permita entender su papel como representantes populares, como diputados.

Es la cercanía, como representación popular, que debe tener el diputado con sus electores, con quienes lo eligen. Esto ha llevado a impulsar diversos proyectos de ley orientados a modificar la forma de selección o elección de diputados, que se realiza en los procesos electorales nacionales, como el que se avecina para el 1 de febrero del 2026, día en que se elegirá la nueva Asamblea Legislativa.

Uno de los temas que tiene que ver con los diputados es a cuantos ciudadanos o costarricenses representa cada uno. Por poner un ejemplo. Si la población del país es de 5 millones y hay 57 diputados, cada diputado representa a 88 personas. Estos 57 diputados se distribuyen por cada una de las provincias. Si se toma en cuenta solo esta relación no es igual el número proporcional de diputados por provincia al número de costarricenses que hay en cada una de ellas, con lo cual hay algunas provincias que se benefician un poco más que otras en elegir representantes populares.

Esta norma de representación viene desde 1957, cuando en aquella época se aumentó el número de diputados a 57. No se puede variar porque así está establecido en la Constitución Política. Lo que puede variar es el número de diputados por Provincia cada diez años, porque esta variación se produce por el número de habitantes o costarricenses que resulta de cada censo nacional de población en la forma que este Censo señala que la población se distribuye en el país. Así algunas provincias han perdido diputados y otras los han ganado. Esta es la realidad.

Ahora bien, concentrémonos, por ejemplo, en una provincia. La Provincia de San José actualmente elige 19 diputados. Los partidos políticos en la campaña electoral le presentan a los electores una sola lista con los nombres de los 19 electores y unos cuantos más a manera de suplentes, que no normalmente no sustituyen en nada a los diputados.

Esta única lista de diputados, de cada partido en cada provincia, provoca que los partidos políticos tengan graves e importantes discusiones de cómo integrar esas listas. La discusión empieza por quién debe encabezar la lista. Ahora es obligado que esa lista se alterne por género. Si empieza la lista una mujer, sigue un hombre y así sucesivamente. Algunos partidos han tomado la decisión de que el candidato presidencia de sus partidos escogen los primeros puestos de las papeletas o se les da un derecho de escogencia de un número bajo de diputados, que generalmente son los que encabezan. Otros partidos han desarrollado mecanismos para que se escojan por representación cantonal, dependiendo el mayor número de habitantes por cantón para que sus candidatos respondan a ese mayor número de habitantes o electores. Esto discrimina a regiones de cantones menos numerosas poblacionalmente, lo cual ha desarrollado o hecho surgir en los partidos, que así operan, verdaderas carnicerías al momento de escoger sus candidatos, o lo que es peor que esa escogencia se haya cantonizado en los partidos, donde puede operar la influencia de las organizaciones narco criminales y narco comerciales, generando “mafias” en el interior de los partidos en esa lucha por elegir diputados, que terminan resultando sin que tengan ninguna experiencia política, o muy poca, o que respondan a dudosos “financistas” de esos candidatos.

Hemos visto recientemente como un financista de estos “le metió plata” a varios partidos políticos, en la última elección cantonal o municipal. Cuando una persona así funciona o actúa es porque, sin lugar a dudas, quiere tener influencia política en el candidato financiado, sin importar de cuál partido sea. No es solo porque se desea “invertir”, con descuentos a su favor, en bonos de una posible elección de un candidato, o por apoyo a la democracia nacional. Eso es como comprar veinte números diferentes en un mismo sorteo de lotería.

¿Puede mejorarse la selección interna de los candidatos a diputados para la próxima campaña electoral?

En mi opinión sí.

¿Se puede hacer eso sin alterar la Constitución Política y el Código Electoral?

En mi opinión sí.

¿Cómo se podría hacer?

Esta es una decisión que puede tomarla el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal puede decidir que los diputados de cada provincia se elijan por circunscripciones electorales, respondiendo cada una de ellas el número de habitantes, que se necesitan para elegir a cada diputado. Así como el Tribunal crea Distritos Electorales para cada elección puede perfectamente crear esas regiones o circunscripciones de determinado número de habitantes, para que cada diputado refleje mejor el número de habitantes que representa. Eso permitiría, por ejemplo, que en el caso de la Provincia de San José, se puedan crear circunscripciones por regiones o cantones y ciertos distritos aledaños a esos cantones, para igualar la población electoral en la elección de cada diputado. Los 19 diputados de la provincia se elegirán, pero responderán mejor al vínculo del diputado con sus ciudadanos.

Algo parecido se ha querido impulsar con la creación de los llamados Distritos Electorales, para elegir uno o dos diputados, lo que sí requiere una reforma constitucional.

Esta propuesta que sugiero es más práctica. Responde a igual propósito de mejorar la escogencia del diputado, sin reformar la Constitución Política, lo que facilita, por un simple acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones, la mejor escogencia de diputaos, debilita las luchas internas en los partidos políticos, fortalecer los regionalismos internos en los partidos políticos, obliga a que las regiones en cada provincia escojan mejor sus posibles candidatos, que de ser electos mejorarían a representación política parlamentaria y nacional y fortalecerían más la democracia electoral nacional.

Un ejemplo dramático fue cuando un diputado se quejó hace algún tiempo de la cantidad de proyectos de ley que se aprueban, demostrando que no sabía cuál era su papel o su función en ese recinto parlamentario. El dijo “leyes que se aprueban” refiriéndose a los proyectos en trámite.

En la Asamblea Legislativa todo lo que está en trámite en conocimiento de los diputados, con la intención de que se apruebe, son Proyectos de Ley. No son leyes. No se tramitan Leyes. Se tramitan proyectos de ley. Son leyes cuando se aprueban los proyectos y se pasan al Poder Ejecutivo para la formalidad de su “ejecútese”.

Hace casi dos años, el 14 de junio del 2023, publiqué un artículo con esta tesis. Iniciaba diciendo: “En la Asamblea Legislativa hay más de 50 Proyectos de Ley, de posibles reformas al régimen electoral del país, propuestos por diputados. A estas se suman una pequeña propuesta de reformas que también elaboró el Tribunal Supremo de Elecciones, obviamente con más autoridad profesional y técnica, haciendo uso de y su experiencia electoral, en lo que los Magistrados consideran oportuno, posible y pertinente impulsar para las próximas elecciones nacionales, porque no es posible aprobar modificaciones electorales frente al proceso electoral municipal en marcha, que lo afecten positiva o negativamente.”

En el ejemplo de la Provincia de San José escribí: “el ejemplo, los 19 diputados de la provincia de San José, pueden distribuirse en un número de diputados por los cantones de Los Santos, otros por la región de Pérez Zeledón y León Cortés, otros diputados por los cantones de Aserrí, Tarrazú, Puriscal, Mora; otros, por los cantones de San José, Montes de Oca, Curridabat, Desamparados, Alajuelita, Escazú, Santa Ana; otra región, por los cantones de Coronado, Goicoechea, Moravia, Tibás.”

En ese artículo añadí: “De esta manera, los 19 diputados de la Provincia de San José se elegirían mejor, más acorde a la representación regional de la población. Se rompería el ciclo perverso de que los partidos, como lo hacen ahora, coloquen a sus candidatos dándole preferencia en la lista a los candidatos de los cantones que más población tienen, dejando por fuera a los candidatos de menor población, con lo cual en la práctica dejan sin representación de diputados a esas regiones. Esto obligaría, igualmente, a una mejor escogencia por parte de los partidos de los diputados de esas microrregiones electorales. En la lista de los 19 diputados que le corresponden a la Provincia de San José se pueden colocar todos los diputados, diciendo cuales pertenecen a tal o cual región. Así, los ciudadanos votan en una plancha de diputados provinciales, pero los votos se van para cada región y salen electos aquellos que tengan el mayor número de votos en cada una de esas regiones siguiendo el mismo criterio que ahora se hace para elegir a los llamados diputados nacionales electos por provincia.

Esta reforma que propongo no requiere reforma constitucional”. Agregué.” Tan solo una decisión política del propio Tribunal porque no altera el número de diputados que le corresponden a cada provincia para la próxima elección nacional del 2026. Si por el Censo nacional que no se ha hechos se llegara a alterar el número de diputados, tampoco altera nada porque eso tiene que ver con el número de habitantes de cada provincia y los habitantes de la cada provincia no pierden nada por eso. Siguen teniendo su propia y mejor representación.”

Estamos a tiempo de que una reforma para la propuesta y escogencia de diputados de este tipo pueda realizarse. El Tribunal Supremo Electoral puede llevarla a cabo. Es parte de su responsabilidad y compromiso nacional con la Democracia costarricense. El Tribunal puede asumir un papel más dinámico, más vivo en el alma nacional. No debe quedarse anquilosado administrativamente en su función de operadora y rectora de todo el proceso electoral, que ya inició el pasado 1 de enero con su cronograma, que no se vería alterado en nada con una reforma de elección de diputados de este tipo.

Hechas las micro regiones al interior de cada provincia, para la mejor elección de sus diputados, el Tribunal tan solo tiene que informar cuáles son las regiones, en dada provincia, para que los partidos políticos propongan sus candidatos en nombre de ellas, regiones que se determinarían por el resultado de los votos que el mismo Tribunal controla y administra con el Padrón Nacional Electoral. El resultado será el mismo. Los mismos 19 diputados por la Provincia pero mejor distribuidos y salidos de voto popular.

Lo que se necesita es una dosis de voluntad política de los Magistrados electorales para impulsar una decisión como ésta, que debe hacerse ya, y perder el miedo al qué dirán.

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene la palabra y la posibilidad de mejorar y fortalecer la democracia nacional.

El Tribunal Supremo de Elecciones tiene la potestad para realizar esta revolución institucional sin disparar un solo tiro.

La jornada de trabajo en Costa Rica se reguló en ocho horas diarias en 1920. Desde 1918 se dieron luchas importantes en ese sentido y se logró parcialmente para grupos de trabajadores. A nivel mundial fue con las luchas de los trabajadores y obreros de los Estados Unidos y Europa, con la huelga general de 1886 que culminó con los sucesos de Chicago, que se estableció y reconoció esta jornada de trabajo. Aun así, en 1890 se reanudaron estas luchas en Estados Unidos para lograr que la jornada se impusera para todos los trabajadores.

En las movilizaciones y huelgas de 1890 se sumaron de nuevo los trabajadores europeos. Los reunidos en Francia en 1889 acordaron celebrar a partir del 1 de mayo de 1890, a nivel mundial, marchas y movilizaciones con el objetivo de apoyar a los trabajadores norteamericanos. Además acordaron que esa fecha todos los años los trabajadores se movilizaran para hacer un balance de sus luchas del año trascurrido y plantearan una plataforma de luchas para el año venidero. Este fue el origen del Día Internacional del Primero de mayo como día de los trabajadores.

En Costa Rica desde 1913 se celebra este día internacional. Desde 1913 hasta hoy, con excepción de algunos pocos años, no se ha realizado esta celebración y jornada de lucha.

Este primero de mayo próximo, del 2025, debiera tensar la lucha de los trabajadores costarricenses, en defender esta jornada de trabajo de ocho horas diarias, lo debe empezar a prepararse desde ahora por las distintas centrales sindicales de trabajadores, y por los sindicatos y asociaciones labores que existan, debido a que en la Asamblea Legislativa hay un Proyecto de Ley en trámite que se orienta a establecer la jornada de 12 horas diarias, seguidas, por cuatro días a la semana, lo que han llamado las jornadas 4-3, violentando toda la legislación social laboral nacional y la internacional, aprobada por Costa Ria, en distintos tratados y convenios.

La jornada de ocho horas se logró justamente para acabar con los sistemas de trabajo que tenían jornadas extenuantes de 10, 12., 14, 16 y hasta 20 horas diarias. En Costa Rica en 1920 había empresas que tenían jornadas de 20 horas diarias, donde los trabajadores en la práctica permanecían en sus centros de trabajo.

Las luchas de 1886 y 1890 hicieron que la Iglesia, entre otros factores, se pronunciara con la encíclica Rerum Novarum, en 1891 a favor de la organización sindical, a favor del derecho de huelga y a favor de un justo salario, desarrollando y haciendo surgir desde ese año una posición a favor de los trabajadores y de la justicia social, originando las corrientes social cristianas, sumadas en estas luchas obreras, junto a las corrientes políticas socialistas, anarquistas y comunistas que las habían iniciado con los partidos obreros socialdemócratas.

En Costa Rica desde 1901 existen los sindicatos tal y como hoy los conocemos. Desde 1905 existen las centrales sindicales, donde varios sindicatos se unen. Desde 1913 existen las Confederaciones de Trabajadores, donde se unen centrales y sindicatos. La Confederación General de Trabajadores, surgida en 1913, al impulso de Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigían Joaquín García Monge, Carmen Lyra, Omar Dengo, José María Zeledón Brenes, fue la que organizó la celebración y realización de aquel Primero de Mayo de 1913 y la de los años siguientes en esa década.

Aún así, la jornada no se cumplía en todos los establecimientos y centros de trabajo del país. Esto hizo que el Centro Socialista dirigido por el Dr. Aniceto Montero, en 1919 el Partido Reformista, del padre Jorge Volio, en 1923 y el Partido Comunista, en 1931, en sus planteamientos programáticos y sus luchas exigieran el cumplimiento de las jornadas de ocho horas establecido en 1920.

En los años siguientes, hasta 1943, se dieron luchas sociales, obreras y campesinas, intensas, que en la coyuntura política nacional e internacional, hicieron posible una alianza política y social del Gobierno, dirigido por el Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, con la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, que dio por resultado la aprobación, en la Constitución Política, de esos años, que era la Constitución de 1871, del Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, aprobados ambos en 1943, cuya aprobación se celebró en un gran desfile nacional, el 15 de setiembre de ese año, que el Dr. Calderón Guardia llamó Año de la Segunda Independencia, con apoyo de grandes manifestaciones obreras y de trabajadores del campo y de la ciudad.

Los sucesos de la guerra civil de 1948 no eliminaron esa legislación social y laboral. En la Asamblea Nacional Constituyente, de 1949, con apoyo de la Junta de gobierno que dirigía José Figueres Ferrer, se mantuvo y amplió el Capítulo de las Garantías Sociales y del Código de Trabajo, donde se contemplaba y establecía la jornada de ocho horas diarias en el país.

El desarrollo económico, político y social del país ha hecho que crezcamos continuamente, acomodándose el país, a las coyunturas internacionales, logrando fortalecer la democracia como sistema social y político y manteniendo los derechos sociales y laborales existentes, que se han fortalecido, igualmente, con los convenios y tratados que Costa Rica ha ido aprobando desde aquellos años.

Las tendencias mundiales, apoyadas por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual formamos parte, y cuyos Convenios Internacionales, relacionados con esta jornada, hemos ratificado como país, hoy se orientan a establecer mundialmente las jornadas de trabajo de 40 horas semanales, y no de 48 horas, es decir jornadas de cinco días laborales de ocho horas diarias. También se orientan sus tendencias a favorecer las reducciones de la jornadas de trabajo diario, sin reducir el salario de los trabajadores, a jornadas de 36, 35 y hasta de 32 horas semanales, como se está haciendo en algunos países europeos. La jornada de 32 horas semanales la plantean como jornadas de ocho horas diarias por cuatro días a la semana, situación que están desarrollando experimentalmente en algunas actividades laborales y económicas, en países europeos, como Inglaterra. En esta reducción de jornadas se busca el mayor bienestar de los trabajadores, de manera puedan tener más tiempo libre, para el ocio, para el descanso, para el estudio, para pasar y disfrutar con sus familias.

En Costa Rica, desde inicios del siglo XXI, desde el 2004, se han impulsador proyectos de ley orientados a prolongar por ley las jornadas de trabajo a doce horas diarias, para un total de 48 a la semana. Con el cuento de las 48 horas semanales, que se respetan, proponen concentrarlas en 4 días y no en 6 como funcionan hoy.

Sin embargo, hay empresas e instituciones que trabajan con jornadas de 40 horas semanales y no de 48, ya como derechos adquiridos y consolidados, con jornadas de cinco días y no de seis laborales.

En el anterior gobierno, de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana y en el actual, dirigido por Rodrigo Chaves Robles, se impulsa un Proyecto de Ley para aprobar la jornada de trabajo de 12 horas diarias, por cuatro días a la semana, que ya se encuentra en la discusión legislativa.

Esto es volver a las jornadas de trabajo esclavistas que existían en el mundo, en Europa y en el continente, en el siglo XIX, contra las cuales se llevaron a cabo las grandes luchas sociales que culminaron en las jornadas huelguísticas de Chicago, y de Europa, de 1886 y 1890.

Los representantes de los empresarios esclavistas de Costa Rica, en el debate legislativo, no han podido señala UNA SOLA empresa que necesite este tipo de jornada de trabajo. Hablan de que el país por sus condiciones de competitividad comercial y productiva necesita estas jornadas de 12 horas diarias. Pero, esa alta productividad y competitividad se ha logrado justamente con jornadas de ocho horas diarias. Hablan de la presencia de 500 empresas extranjeras y multinacionales, que generan 250.000 empleos, que laboran con éxito en el país, con jornadas de ocho horas diarias. Los representantes esclavistas no han podido señalar a una solo empresa de estas que solicite jornadas de doce horas para su ciclo productivo, aun cuando trabajen continuamente las 24 horas.

Cuando el país se promociona en el exterior, tratando de atraer inversionistas y empresas, se les informa de la legislación social y laboral que tienen que cumplir en Costa Rica, donde está incluida a jornada de trabajo de ocho horas diarias. A ningún inversionista ni empresa se le ofrece ni siquiera la posibilidad de establecerle esa jornada de 12 horas diarias. Los que vienen saben que tienen que cumplir la jornada de ocho horas diarias. Y, saben también, que si quieren que sus trabajadores laboren hasta cuatro horas extra por día tienen que pagarles una jornada extra con un 50% más del valor por hora de la jornada ordinaria de ocho horas. De esta forma, por ejemplo, si en la jornada diaria ordinaria de ocho horas la hora se paga a 100 colones en la extraordinaria se paga a 150 la hora extra.

En el fondo, lo que se quiere es eliminar estos pagos extras en el trabajo. Con la eliminación de este pago extra se impone una sola jornada con u solo salario sin pago extra reconocido, con lo cual se disminuye realmente el ingreso del trabajador y se le causa un daño hacia el futuro. El daño que se causa es sus ingresos futuros.

Por ley, los ingresos o pagos extras que un trabajador tenga, se reconocen y repercuten para el pago del aguinaldo, o treceavo mes que se hace en diciembre. Sin ese reconocimiento como se quiere hacer con el establecimiento de las jornadas de 12 horas hay una reducción del aguinaldo, porque en la jornada de 12 horas que se quiere establecer no hay pago de horas extras. Todas las 12 horas se pagan con una misma tarifa.

Igualmente, hacia el futuro, cuando el trabajador pueda pensionarse, lo hará con un salario fijo, que no ha tenido incrementos salariales por pagos extras u otros que le beneficien, por lo que tendrá una pensión disminuida, como las quiere establecer el actual gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que tiene una pensión de $20.000 dólares de un organismo internacional, que se paga con cuotas que el país también paga por pertenencia a ese organismo internacional, de manera que todos los costarricenses, como a él le gusta reconocer, pagamos las pensiones de los pensionados, como él también se beneficia de altas pensiones.

El daño más importante, además del salario, el aguinaldo y la pensión disminuida que van a tener los trabajadores que sean sometidos a estas jornadas de 12 horas, va a ser en el interior de sus familias. El sistema económico y de transporte público no está en capacidad de atender esta organización de trabajo de manera que le permita al trabajador estar el mayor tiempo posible con su familia, su esposa e hijos. Veámoslo simplemente.

La inmensa mayoría de los trabajadores tienen que desplazarse para ir a sus trabajos. Ese desplazamiento o movilización le obliga a disponer de una o dos hora diarias para llegar puntualmente a su hora de trabajo. Para ello el trabajador agrega a su jornada de trabajo de doce horas una o dos horas más para llegar puntualmente. Al final del día de trabajo para regresar a su hogar el trabajador, igualmente, tiene que emplear, una o dos horas para ese regreso. Con esto el trabajador en términos reales estará fuera de su hogar por un total de 14 a 16 horas diarias, lo que lo saca de hecho y de manera violenta de su relación familiar, de su relación de pareja marital, de su relación de padre o madre con sus hijos que prácticamente no va a ver ni atender durante todas esas horas.

Las familias de trabajadores no tienen capacidad para mantener una niñera o alguien que colabore en el cuido de los niños, ni el sistema educativo está organizado para tener a los niños por lo menos ocho horas diarias en las escuelas y colegios. Algunas instituciones privadas de educación pueden tener estas facilidades, pero los colegios y escuelas públicas no tienen esa posibilidad, además de que hay casi 1000 establecimientos escolares y educativos en malas condiciones materiales de trabajo, en condiciones insalubres y en posibilidad de que las clausuren, agravando las condiciones de esos niños y sus familias.

La farsa de la ley que se quiere aprobar está en decir que al trabajador que se acoja a la ley le dan a posibilidad de que devuelva, después de tres meses de trabajo, a su jornada anterior. Al mismo tiempo que le se garantiza esto al trabajador, el mismo artículo de la ley dice que en ese caso el patrono puede cesarlo pagándole todos sus derechos sociales y laborales. Esto es lo que realmente va a suceder. Los echan a los que se devuelven y a los nuevos trabajadores les imponen la jornada de doce horas, sin otra posibilidad de laborar.

La jornada de trabajo de doce horas diarias, como se quiere establecer, va a aumentar los accidentes de trabajo, que ya existen por miles al año, va a aumentar la fatiga laboral y las consecuencias médicas y sanitarias que ello conlleva, con un gran impacto negativo y un elevado costo para la seguridad social y sanitaria del país y de las familias.

No es cierto, como afirman los representantes de los esclavistas costarricenses, que la Organización Internacional del Trabajo impulse estas jornadas extensivas de 12 horas diarias de trabajo. Tampoco es cierto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, también las impulse o promueva. Lo cierto es que de los que de los países que en OCDE están, todos tienen jornadas de ocho horas, y varios de ellos ya están con las jornadas de 36 y 36 hora semanales con jornadas diarias de 6 y 7 horas, y no de 12 horas.

Los esclavistas que impulsan esta jornada de 12 horas de trabajo diario mienten cuando dicen que el Ministerio de Trabajo tiene capacidad para velar en la supervisión estricta de la aplicación de las jornadas de doce horas. No tiene capacidad como no la tiene para ejercer esa vigilancia en las condiciones actuales de sistema de trabajo nacional, no tiene los inspectores suficientes para atender la situación actual, menos la tendrá por complacencia en las prácticas laborales esclavistas que existen y no denuncian ni proceden contra ellas. El andamiaje de esta parte del Ministerio de Trabajo no está al servicio ni atención de los trabajadores. El ministerio más parece una oficina de relaciones laborales de los sectores patronales, y si se aprueba la ley lo será de los sectores patronales esclavistas. Algo parecido pasa con los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, en su relación con las grandes empresas.

Con la jornada de trabajo de 12 horas no se invierte nada en el bienestar de las futuras generaciones, como dicen los defensores de los esclavistas laborales. Si así fuera, en los Estados Unidos, de donde viene la mayor parte de las empresas extranjeras en el país, y de Europa, ya habrían establecido como la gran novedad de esta época las jornadas de trabajo de doce horas.

En la Asamblea Legislativa los esclavistas que impulsan esta ley no han podido demostrar que estas jornadas son las mejores, las más buenas y que existen en todos los países del mundo, como jornada ordinaria del modelo de trabajo hoy.

El Partido Unidad Social Cristiana, que todavía evoca la imagen del Dr. Calderón Guardia, este año que se cumplen 125 años de su natalicio, está un enterrando, junto a memoria histórica, la legislación laboral, pilar de la estabilidad democrática nacional, y gran obra del Benemérito de la Patria. Los herederos políticos de Calderón Guardia guardan silencio sepulcral ante este atentado a su legado histórico democrático. Los mercaderes del socialcristianismo, en la Asamblea Legislativa, se desnudarán en su condición de representantes esclavistas del trabajo con la aprobación de esta jornada de 12 horas de trabajo.

Los representantes del partido Liberación Nacional si se suman a los intereses esclavistas del trabajo se hundirán más en sus posibilidades electorales, abandonando definitivamente toda su historia socialdemócrata.

Los partidos restantes de la Asamblea Legislativa, exceptuando, el Frente Amplio, se montarán en el furgón de cola del gobierno, que no tiene ningún respeto por el Poder Legislativo y sus diputados.

Todos los sindicatos, todas las asociaciones gremiales y de trabajadores, deben unirse en este momento histórico, para detener la aprobación del proyecto de ley de las jornadas de 12 horas de trabajo diario. En esta dimensión también deben unirse todas las federaciones de estudiantes, que representan a los futuros trabajadores del país, para garantizarles de manera efectiva un mejor futuro social. Todas las asociaciones de mujeres también deben unirse en esta lucha, son sos familias y sus hijos los que saldrán altamente afectados con el establecimiento de las jornadas de 12 horas.

Esta lucha debe ganarse en la Asamblea Legislativa. Si no, en la calle y en las elecciones próximas votando contra los partidos que representan los intereses esclavistas. En este sentido, por ahora, como partido político, solo Esperanza Nacional, que postula a la presidencia de la República, al politólogo Claudio Alpízar, se ha pronunciado en contra de la aprobación de esta jornada esclavista.