*Reforma deberá ser progresiva y sostenible, sostiene la Defensoría
*Todos los sectores deberán aportar elementos técnicos con visión país
La Costa Rica de hoy, en materia de políticas sociales, se ha visto robustecida por la posición visionaria de diferentes estadistas que han comprendido que el desarrollo del país se sustentaba en la inversión pública de servicios fundamentales como educación, salud, cultura, vivienda, seguridad, luz, agua, telefonía, internet, entre otros; regidos por principios tales como oportunidad, inclusividad, igualdad, solidaridad, accesibilidad, equidad y desarrollo social.
Este enfoque, sustentado en un Estado Social de Derecho, pone de manifiesto que la inversión social es la base de un alto desempeño de desarrollo humano y social sustentado en indicadores. Lo anterior ha derivado que Costa Rica históricamente sea una nación vanguardista en la realización de temas vinculados a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La Defensoría de los Habitantes, a lo largo de la última década, viene escuchando el reclamo de autoridades de gobierno en el sentido que, para cumplir con un mandato constitucional o una ley específica, se requiere de mayores ingresos para su acatamiento; no obstante, tampoco proponen alternativas alcanzables para su cumplimiento. Para la Defensoría no pueden existir funcionarios públicos obligados al cumplimiento de la ley y otros que no: éstos últimos aduciendo imposibilidades materiales, financieras o de cualquier otra índole.
La ecuación completa en materia fiscal se compone de dos grandes variables: ingresos + gastos. El país ha venido, durante los últimos cinco años tomando medidas para la reducción del gasto. La más recientes, la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la creación de la Regla Fiscal. Ambas leyes permitieron que, mientras en el 2019 el país debía endeudarse un 54% para financiar el déficit fiscal, datos preliminares para el 2025 muestran que el nivel de endeudamiento, para financiar el presupuesto de este año, disminuyó al 38%. Esto muestra que, desde el 2019, se viene financiando el presupuesto de la República con menos endeudamiento. El 50% de la ecuación en materia de gastos se ha venido realizando con altos y bajos.
Para la Defensoría de los Habitantes surge ahora entonces la gran pregunta: ¿qué ha sucedido con el otro 50%?; esto es, ¿qué medidas efectivas ha tomado el Ministerio de Hacienda para aumentar los ingresos?, ¿en cuánto se han incrementado los ingresos tributarios resultado de estrategias para luchar contra la evasión y elusión fiscal?, por ejemplo. Es importante señalar que el Fondo Monetario Internacional reconoció en el 2018 que la evasión en IVA rondaba en el 2,7% del PIB y un monto similar en renta; o sea, cerca del 5% del PIB solo en evasión. Y ni hablar de la resistencia a implementar mejoras en los sistemas digitales de tributación, que al mes de agosto del 2024 solo tenía un avance del 19%, y se anunció que comenzará a implementarse hasta el 2026.
Sostiene la Defensoría de los Habitantes que el país debe revisar si existen actividades productivas que mueven el PIB, y que al día de hoy aportan 0% en impuestos a la renta. En ese sentido, como Institución Nacional de Derechos Humanos, considera fundamental que el país se proponga la apertura de un diálogo intersectorial que permita tener como resultado una nueva estructura tributaria, que sea progresiva y sostenible. Todos los actores sociales, económicos, financieros, gubernamentales, la sociedad civil organizada, entre otros, deben aportar en la construcción de un escenario presupuestario que permita superar los obstáculos, las excusas, las imposibilidades, para volver a tener una Costa Rica visionaria que sustente sus bases en el Estado Social de Derecho.
