Cecilia Cortés Quirós, Politóloga.
El reportaje del New York Times del 15 de septiembre ¿Cómo un paraíso turístico se tornó en un imán para el narcotráfico? sacudió tanto a la opinión pública como a otros sectores del país: empresa privada, medios de comunicación, asamblea legislativa, poder judicial y poder ejecutivo (aunque éste último minimizando el relato a su mejor estilo como en otros asuntos), ex ministros de seguridad y ex directores del OIJ y criminólogos y analistas de seguridad que han proliferado estos días.
Es casi inaceptable y fuera de lugar esa reacción de sorpresa porque desde mi punto de vista lo que refleja es el estado de negación en que ha estado el país respecto a la cuestión de la crisis de seguridad, así como la indiferencia y desconocimiento de las autoridades encargadas de la gestión de la seguridad en el país y la toma de decisiones ineficientes e ineficaces para abordar la situación y para actuar.
La ola de criminalidad y la violencia asociada que vive el país es un fenómeno que tiene su relación directamente con la “transnacionalización” de la delincuencia organizada, por un lado, así como, con la globalización del crimen, por otro, y ha tomado mucho tiempo para que el país y los distintos actores vinculados con el tema lo comprendan y dimensionen correctamente esta realidad. A eso me refiero cuando digo “negación” y por eso el Estado no logra contener la violencia criminal porque es hasta este año que la cuestión viene quedando más clara pues ha prevalecido una perspectiva completamente local.
En realidad, el país no estaba preparado y continúa sin estarlo para enfrentar un fenómeno externo de dimensiones apocalípticas por el desconocimiento de éste, a pesar de que la criminalidad lleva décadas configurándose externamente. Como considera Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina: “Costa Rica no está preparada para los niveles de inseguridad que está viviendo, por eso estas nuevas lógicas de operación del crimen organizado, sumadas a la división de las autoridades estatales, podrían haber tomado al país sin las herramientas para atender la coyuntura actual con la capacidad suficiente”.
La óptica, enfoque o perspectivas con que se ha pretendido en el país gestionar la crisis resultan completamente insuficientes e inútiles para combatir un fenómeno que es multicausal y multidimensional simultáneamente, lo que explica por qué el Estado no logra contener la violencia criminal. El crimen organizado transnacional es un fenómeno geopolítico de altísima complejidad que requiere ser tratado con una mirada extensísima y de largo alcance, lo contrario es jugar a las chapitas para usar la frase del presidente Chaves, por ejemplo, con la instalación de los escáneres que le obstaculizan -no siempre- la llegada de droga a los países europeos pero que no detendrán la criminalidad ni el narcotráfico en nuestro país que seguirán floreciendo por más que el poder ejecutivo diga que los escáneres son lo máximo como solución, algo totalmente irreal.
La estrategia del ejecutivo se ha enfocado además de los escáneres en la función policial, interdicciones marítimas, vigilancia en las fronteras y algunos programitas de prevención apoyados por la cooperación internacional sumados a la exigencia de más presupuesto para mejorar equipamiento y salarios.
Sin embargo, las medidas descritas seguirán siendo inapropiadas y un fracaso para combatir mejor el entramado que constituye el crimen transnacional que continúa sin conocerse a fondo y en todos sus intríngulis. La búsqueda de soluciones innovadoras y viables para combatir el fenómeno implica necesariamente mejorar el conocimiento de cómo funciona en el ámbito transnacional que es donde se genera y en ampliar los enfoques de abordaje. Uno de los más serios peligros del crimen organizado es que constituye una amenaza a la estabilidad de nuestra democracia y al Estado de derecho lo que hasta ahora se ha ignorado. En tiempos en que la democracia ha sufrido retrocesos la debilidad de las instituciones democráticas, los altos niveles de corrupción y desigualdad son terreno fértil para el crimen organizado. Por ello la inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos.
Por lo señalado arriba también es indispensable abordar la cuestión de forma interdisciplinaria ya que la criminología se queda corta para tratar un problema que afecta al sistema internacional, la configuración de poder en los países, al sistema financiero, a la política, la democracia, los derechos humanos de la población, etc.
Otro tema es que ningún país puede pretender atender el tema en solitario. En noviembre 2023 el secretario general de la INTERPOL Jurgen Stock durante su asamblea general en Viena donde celebró los 100 años de existencia calificó al crimen organizado transnacional como una grave epidemia que constituye una “emergencia de seguridad global”. Stock pidió más cooperación internacional para combatir los crecientes delitos transfronterizos y anunció que se firmaría la Declaración de Viena, como ocurrió, que contiene cinco acciones prioritarias: 1) hacer de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional una prioridad nacional en todo el mundo; 2) estrechar la cooperación internacional frente a la actividad delictiva; 3) intensificar el intercambio de información; 4) empoderar a las policías de primera línea; y, 5) aumentar la inversión en tecnología e innovación.
Resulta irresponsable la falta de voluntad de los gobiernos para actuar a tiempo cuando se cuenta con organismos especializados como INTERPOL que generan información técnica basada en evidencia científica y tienen la expertisia necesaria para acompañarlos en la búsqueda de respuestas eficaces para combatir la criminalidad.
La actual ola de violencia criminal de nuestro país de origen transnacional fue subestimada por diferentes actores locales, aunque desde hace varios años se veía venir y se agravó con la pandemia. De hecho, no es sino de hace unos cinco meses para acá que la generalidad de actores se está refiriendo con propiedad y llamando por su nombre al “crimen organizado transnacional” dándole el reconocimiento pertinente, en su lugar, antes se referían a la situación de (in)seguridad. El actual poder ejecutivo por razones electorales ignoró y descalificó la gravedad de la situación, el desempeño del primer ministro de seguridad dejó mucho que desear y el actual equipo a cargo desde mayo 2023 hasta en los últimos más o menos cinco meses muestra en su discurso un poco más dominio y conocimiento del fenómeno.
En el caso del Ministerio Público y el OIJ claramente fueron sorprendidos por el alcance del fenómeno y no estaban preparados, como tampoco el resto del Estado, para hacer frente a un fenómeno prácticamente desconocido en todos sus matices. Sin embargo, con la llegada de los nuevos jerarcas a ambas instituciones se ha producido un cambio de 360 grados tanto en el abordaje analítico como en la ejecución de sus funciones.
Por su parte, los medios de comunicación en los últimos tres a cuatro meses han tenido un cambio notable en la forma en que están tratando la cuestión y prácticamente todos se refieren ya con naturalidad al crimen organizado y al concepto “transnacional”, además, están realizando magníficos reportajes sobre distintos tópicos relacionados: armas, formas de transporte de la droga, sicariato, estructuras, economías criminales, etc. Es similar el caso de los criminólogos, analistas de seguridad, ex ministros de seguridad y ex directores del OIJ, que ya actualizaron su narrativa que venía bastante desfasada de la realidad.
Mientras tanto la asamblea legislativa y el poder judicial se concentraron debido a la presión del ejecutivo en la formulación de iniciativas de ley para mejorar la justicia penal correspondiente que no atienden necesariamente las causas estructurales del crimen
Sigue siendo urgente ampliar la perspectiva de abordaje de la criminalidad porque las medidas en implementación mencionadas hasta el momento no van a las causas estructurales y no lograrán por sí solas combatir la ola de violencia criminal porque la inseguridad no es un tema de seguridad es de desarrollo y significaría continuar jugando a las chapitas.
Por mi trayectoria de más de 30 años trabajando en América Latina, tuve ocasión de tratar el tema con varios proyectos en el marco del SICA y su Tratado Marco de Seguridad Democrática, además, porque está en la agenda prioritaria de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. En 2018 visualicé a partir de la experiencia de México lo que se nos venía, decidí hacer una cruzada para llamar la atención y publiqué por lo menos 18 artículos advirtiendo la cuestión con diferentes ópticas desde la globalización hasta la pertinencia de cambiar los paradigmas de abordaje. Es hora de que el país adopte los enfoques apropiados para reducir y contener la violencia criminal y brindar oportunidades a quienes se sienten excluidos de la sociedad y de las obligaciones sociales y éticas del Estado.
