El diputado Ariel Robles Barrantes elevó críticas contundentes contra el esquema salarial y de compensaciones de la Ministra de Educación Pública, poniendo en evidencia lo que él considera una incoherencia con la situación de la mayoría de los empleados públicos del país. Robles denunció que, mientras la Ministra percibe un salario incrementado por el Presidente en más del 80%, los empleados públicos mantienen sus salarios congelados desde hace cinco años. “La Ministra de Educación tiene un salario de 3 millones y resto, gracias al aumento de más de un 80% del Presidente”, afirmó el diputado.
Además de su salario base, Robles resaltó que la Ministra también recibe dietas adicionales por su participación en el Consejo Superior de Educación (CSE) y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). En septiembre de 2023, estas dietas sumaron más de 1 millón 700 mil colones adicionales a su salario, alcanzando una cifra cercana a los 5 millones de colones en total para ese mes. “En el mes de septiembre del 2023 esas dietas equivalieron a 1 millón 69 mil colones del CSE y 712 mil colones en Conesup. Es decir, aparte de su salario aumentado por el Presidente, que es de 3 millones y resto, se le suma 1 millón 700 mil en dietas”, precisó el legislador.
Adicionalmente es criticable la marcada diferencia entre el trato que reciben los altos funcionarios y los empleados públicos en términos de salarios y beneficios. Mientras los salarios de los empleados públicos llevan cinco años congelados, los ministros no solo reciben aumentos sino también dietas adicionales que no deberían recibir, dado que su rol principal es el ministerial. Esta situación refleja una falta de equidad, donde los altos funcionarios, en lugar de ajustarse a las mismas restricciones que el resto de la administración pública, reciben privilegios económicos adicionales sin resultados concretos.
El diputado de oposición también señaló que, a pesar de estos ingresos, la Ministra no ha logrado cumplir con las metas básicas de su gestión, como la formulación de una “ruta de la educación” o la entrega de información necesaria para el Informe del Estado de la Educación, siendo esta última solicitada de forma obligatoria por la Sala Constitucional. “¡Qué lamentable!”, concluyó Robles Barrantes, mostrando su decepción y su preocupación por la gestión educativa y la disparidad en la política salarial de altos funcionarios.
