- Desde 1888 esta instancia tiene a su cargo la registración de todos los acontecimientos civiles del país.
- Es el primer eslabón en la cadena de seguridad que blinda los procesos electorales en Costa Rica.
San José, 8 de enero de 2024. Durante este mes de enero, el Registro Civil celebra 136 años de existencia y de procurar, constantemente, la construcción de mecanismos eficientes de registración civil, de identificación de los costarricenses y de conformación y depuración del Padrón Nacional Electoral, como primer eslabón en la cadena de seguridad de los procesos electorales y consultivos.
Desde 1888 esta institución se encarga de registrar o inscribir los hechos vitales (nacimientos y defunciones) y actos civiles (como el matrimonio y el divorcio), relativos al estado civil de las personas, y de emitir los documentos de identidad de los costarricenses.
A partir de 1949, el Registro Civil pasó a depender de forma exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), constituyéndose en un pilar fundamental en los procesos electorales del país y de la democracia costarricense. Destaca a nivel latinoamericano, por su seguridad registral y el resguardo oportuno de los datos, lo que hace garantizar procesos electorales confiables. El Registro Civil es parte de la cadena de mecanismos de seguridad y de control cruzado que blindan los procesos electivos y consultivos en Costa Rica, gracias al registro e identificación de las personas costarricenses y la actualización y depuración constante del Padrón Nacional Electoral.
A lo largo de estos 136 años, como parte de su mejora continua y a través de los procesos de modernización que siempre persigue el TSE, el Registro Civil procura, por medio de mecanismos eficientes y modernos, ofrecer trámites más ágiles y expeditos, con el apoyo de plataformas tecnológicas, como por ejemplo, la puesta en marcha del servicio de certificaciones digitales y de reimpresión de cédulas.
El Registro Civil, además, ha impulsado un robusto programa de giras ambulantes dirigidas a comunidades y poblaciones cuyos habitantes, por condiciones particulares, tienen dificultad para trasladarse hasta las oficinas centrales o regionales del TSE para realizar sus trámites.
