En 2006, durante la llamada “crisis de los cayucos”, llegaron a las islas Canarias más de 31 000 personas. Más recientemente, en 2021, alcanzaron las islas 22 316 migrantes más, sin que la situación atrajera grandes titulares ni generase una alarma social.

Ahora, en 2023, la llegada de cayucos tanto a Canarias como a Lampedusa, en Italia, sí está resultando especialmente preocupante. Tanto por el aumento de cifras respecto al año anterior como por la tensión política y la falta de respuesta por parte de los responsables.

Ha quedado al descubierto la falta de un protocolo de actuación frente a estas llegadas. La búsqueda de refuerzo ideológico en el discurso político, que normalmente trata de sembrar el miedo en la población receptora de inmigración, no contribuye a que la situación mejore. En Europa hemos sido testigos de cómo cada gobernante de cada Estado miembro ha levantado la voz frente a la inmigración esgrimiendo cuestiones de seguridad de manera distinta.

Si bien la falta de identificación de las personas conllevaría a un descontrol y a un estado de alarma en términos de seguridad, no podemos obviar la ausencia de vías legales y seguras para que estas personas puedan llegar a Europa. Y, en los casos correspondientes, solicitar protección internacional. Esas vías no solo son necesarias, también urgentes.

Diferentes causas

Las causas que empujan a estas personas a salir de sus respectivos países de origen son distintas. El caso de Senegal tiene, desde junio de 2023, algunos tintes políticos que deben ser tenidos en cuenta para entender la huida de las personas hacia el norte. Chad y la situación de los refugiados sudaneses han convertido al país en un foco de tensiones. En cuanto a Níger, la situación del país es caótica tras el golpe de Estado del pasado mes de julio.

Ningún conflicto se parece a otro, y entender estas situaciones particulares ayuda a entender lo que está ocurriendo. En cualquier caso, lo que está claro es que quienes llegan a Canarias son personas que buscan desesperadamente salvar la vida. Y se encuentran, normalmente, con una respuesta inadecuada y descoordinada por parte de las autoridades.

La realidad nos arroja una consigna: la migración y su gestión no deberían ser politizadas. No podemos olvidar el desgarrador incidente en Lampedusa, en 2013, cuando más de 360 migrantes perdieron la vida en un naufragio cerca de sus costas.

Las islas Canarias, al igual que Lampedusa, han demostrado ser puntos críticos en la ruta migratoria hacia Europa. Las capacidades de acogida en ambos lugares se han visto desbordadas en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en Lampedusa, un centro con capacidad para 400 personas ha llegado a albergar a más de 2 200 migrantes en ciertos momentos críticos.

Un imperativo humanitario

Tras el reciente anuncio por parte del Gobierno español del traslado de personas llegadas a Canarias a la península se ha levantado un revuelo dialéctico en el sector político. Algunos dirigentes no tienen en cuenta que el traslado de estas personas a la península, o al continente europeo, no es solo una cuestión logística: es un imperativo humanitario.

Ya en 2021, el informe La migración en Canarias del Defensor del Pueblo hizo constar que se observó con preocupación cómo un número significativo de ciudadanos marroquíes y senegaleses manifestaban que sus familiares residían en España y que, antes de embarcarse en una patera, habían intentado sin éxito reunirse con ellos de manera legal. Esto pone de manifiesto que la búsqueda de la ruta migratoria en patera no es la primera opción que se plantean las personas que desean llegar a España. Antes lo suelen intentar, sin éxito, por vías administrativas y regulares.

Mientras la Unión Europea busca soluciones a largo plazo, como el Plan África, que pretende invertir millones de euros en el continente para abordar las causas raíz de la migración, es vital no perder de vista la urgencia del momento presente.

Los acuerdos con países de origen y tránsito deben garantizar el respeto a los derechos humanos, una lección que la tragedia en Lampedusa nos enseñó con un alto costo: las repercusiones emocionales y humanitarias que este tipo de hechos conlleva en en sí un recordatorio de lo que debe ser importante. El sacrificio de vidas humanas no debe prevalecer sobre el imperativo de unos cuantos votos provenientes del miedo al cierre de fronteras.

Poner el foco en los menores

Desde septiembre de este año se está trabajando en un acuerdo con comunidades autónomas para las derivaciones de menores extranjeros no acompañados a la península. Es precisamente la saturación de los servicios la que hace necesario este paso. El reto es no dejar desamparado a ningún menor.

Los cayucos son un signo, una consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Europa debe ser capaz de mirar lo que está ocurriendo con las personas. Ver más allá de las costas es urgente.

Si ponemos el foco en criticar los traslados y generar crispación en la sociedad, solo conseguiremos potenciar el miedo al extranjero. El foco debe estar puesto en la creación de un protocolo consensuado entre Gobierno y comunidades autónomas que permita registrar a las personas que llegan y ofrecer, si cabe, asilo y refugio a quienes lo necesitan. Y brindar protección al resto. También se debería priorizar la generación de una conciencia colectiva sobre los retos que se producen en todo el mundo.

A medida que el mundo cambia, las rutas migratorias evolucionan y los patrones se desplazan. Pero una constante prevalece: la necesidad de una gestión centrada en la humanidad. La movilidad humana, en cualquiera de sus vertientes (asilo, refugio, migración forzada o migración económica, entre otras), es una cuestión de humanidad compartida. Aprender de las lecciones del pasado, ya sea en Canarias o en Lampedusa, resulta crucial para garantizar que los errores no se repitan y que las tragedias se eviten. Es hora de actuar en consecuencia.

Cecilia Estrada Villaseñor does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.