Luis Paulino Vargas Solís
Eran mediados de los años ochenta del pasado siglo, o sea, hace más de 35 años. Empezó entonces a prender la idea de que la inversión pública en general, y la inversión en infraestructura vial en particular, debían quedar en manos del capital privado, ya que, según afirmaban, el Estado no tenía capacidad para hacerlo.
Aquello era parte de un viraje ideológico que, por entonces, el país empezaba a experimentar, y que luego quedó cristalizado como un dogma ideológico inamovible.
Y, sin embargo, la experiencia histórica demuestra contundentemente que son ideas erróneas. De hecho, y en materia de infraestructura, nunca nos fue tan bien, ni nunca se avanzó tanto, como durante los años -entre inicios de los cincuenta y fines de los setenta- cuando el Estado asumió un firme liderazgo en esa materia.
En cambio, desde los ochenta para acá, y bajo el reinado de ese dogma ideológico, nos ido mal. Mejor digamos: requetemal.
Se desmanteló el MOPT y se destruyó la capacidad institucional que tan exitosa había resultado. Por su parte, el mecanismo de privatización de la obra pública vía concesión, es un fracaso por cualquier lado que se le mire. Y cuando, ocasionalmente, se ha logrado concretar algo, ha sido a un costo ruinoso para el país. Los casos patéticos de la trocha 27 y de los puertos de Caldera y Moín, hablan por sí solos.
Por estos días, las carreteras del país han estado prácticamente colapsadas, y barrios populares han sufrido terribles inundaciones que ponen en evidencia una pésima planificación urbana y la ausencia de cierta infraestructura mínima que prevenga ese tipo de tragedias.
Por favor, cada vez que usted vea una noticia acerca de tan penosas situaciones, trate de recordar lo que planteo en este comentario.
