Luis Paulino Vargas Solís.
El proyecto de ley número 23.380, para “regular” el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), presentado por el presidente Chaves, es una carajadita chapucera, incoherente y mezquina. Otra de esas chambonadas autoritarias que se nos están volviendo pan de todos los días. Muy idiosincrásico, en el sentido de que refleja lo que es característico de este gobierno.
El adefesio está a tal punto recargado de tonterías, que da material para conversar larguísimo rato. Hoy solo quisiera referirme al vínculo, forzoso e imperativo, que se quiere establecer entre los planes de las universidades y el Plan Nacional de Desarrollo.
Empecemos por lo más obvio: claro que las universidades deben considerar los planes de los gobiernos, y la pura verdad es que siempre lo han hecho. Afirmar otra cosa, o tan solo insinuarla, es mentir. Pero la pregunta relevante aquí es: ¿deberían las universidades limitarse a esos planes -como quisiera Chaves- o es su deber transcenderlos y aportar una visión más amplia y de largo plazo?
Tengamos presente lo siguiente: cada plan de desarrollo tiene una vigencia acotada para un período de cuatro años. De hecho, cada nuevo gobierno desecha el plan del gobierno anterior, y formula uno nuevo, creyendo que el suyo sí es bueno, y que el anterior no servía para nada
Por ello mismo es totalmente inconveniente amarrar las universidades a los planes de desarrollo, porque ello significa sujetarlas objetivos y prioridades que cambian cada cuatro años.
Las universidades deben tener en cuenta los planes de gobierno, pero deben considerarlos sobre el telón de fondo de una mirada que los trascienda. De otra forma, los programas docentes, de investigación y de extensión o acción social quedarían atrapados en un cortoplacismo empobrecedor y limitante.
Para la chiquitita mentalidad tecnocrática de este gobierno, comprender esto es muy difícil.