Hallazgos relacionados sobre manejo de ingresos, estructura del sistema tributario, gasto estatal y análisis sobre el comportamiento fiscal forman parte del Estudio denominado: “Análisis del Impacto de la fragilidad fiscal en el desarrollo nacional”, desarrollado por el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de brindar un análisis de la realidad fiscal de Costa Rica y orientaciones de política pública para estimular la recuperación económica.
El estudio señala que el país deberá afrontar tres grandes retos en materia fiscal para los próximos años, en primer lugar se recomienda mejorar la función redistributiva de la política fiscal hacia grupos en condición de vulnerabilidad y con enfoque territorial, para poder atender el crecimiento problema de la desigualdad. Como segundo aspecto, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, reconociendo en este ámbito que la simple reducción del gasto sin criterios claros y concretos, no constituye una solución y que, debido a los efectos económicos de la pandemia, se requiere de un aumento de inversión y calidad de resultados en sectores estratégicos relacionados con la protección social, como la infraestructura pública, conectividad, protección social, salud y educación. Finalmente en tercer lugar aumentar los ingresos que recauda el Estado, minimizando la evasión fiscal y migrando hacia un sistema progresivo.
“Costa Rica es un país que logró indicadores de desarrollo humano razonablemente altos en el contexto internacional, gracias a la inversión social que, de manera estratégica, el país ha mantenido a lo largo de muchas décadas. Es aconsejable que las nuevas decisiones económicas fortalezcan el Estado Social de Derecho, que posibilite la recuperación económica y la protección social con enfoques de género y territorial”, señaló José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD.
La fragilidad fiscal del país tiene lugar en un entorno específico caracterizado por una gran fragmentación política, una atomización gremial y sectorial, y un desencanto popular cada vez mayor, lo que impone la necesidad de mejorar la gobernabilidad democrática, la calidad y funcionalidad del sistema representativo y espacios de diálogo inclusivos y efectivos, como condiciones para la generación de propuestas que contribuyan a superar la fragilidad fiscal, disminuir la pobreza y la desigualdad que ha aumentado considerablemente y generar oportunidades de empleo y emprendimiento frente a los graves problemas socioeconómicos profundizados por la pandemia.
De igual manera, las medidas para contrarrestar la fragilidad fiscal del país deben tomar en cuenta el impacto específico sobre las mujeres y la población joven en nuestra sociedad, asimismo, deben considerar las diferencias de afectación a los diferentes territorios y poblaciones. El análisis, muestra una tendencia decreciente en la atención de ciertas poblaciones mediante gasto social, que para el 2020 mostró una reducción del 21.37% lo que podría incidir en un aumento de las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social. El estudio recomienda, el impulso de una política fiscal redistributiva, que considere una lógica de desarrollo humano sostenible local, e inversión pública focalizada para atender las necesidades particulares de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, al tiempo que potencia y potenciar las ventajas y genera oportunidades territoriales para el emprendimiento y la inclusión laboral.
“El sistema tributario se caracteriza por tener debilidades estructurales que requieren una reforma profunda hacia su simplificación y racionalización, otorgando prioridades de inversión, mejorando el seguimiento y medición de efectividad de las acciones y reduciendo los gastos innecesarios o con poco impacto social y aporte a la reactivación”, destacó Olman Segura, Director del CINPE.
El Estudio destaca, además, que a pesar de que la carga tributaria en el país se percibe como alta, es cercana al promedio de la región que se ubica entre el 20% y 25% y es más baja que el promedio de los países de la OCDE, donde es cercana al 35%. La investigación, sugiere que la estrategia de atención al contexto de fragilidad fiscal se enfoque hacia la eficiencia de inversión con los porcentajes de recursos captados y no sobre una propuesta de aumento o recorte como opciones a la salida de la crisis, especialmente, debido a que la estructura del gasto público está definida, en su mayoría por ley, lo que otorga un carácter poco flexible y dificulta su rápida reducción.
Finalmente, la investigación pone de manifiesto las bondades que podría aportar la economía verde para tratar de neutralizar e incluso ayudar a revertir la fragilidad fiscal. En un país orgulloso de sus logros en materia ambiental, energética y de protección a la riqueza ecológica, la economía verde facilita el acceso a iniciativas capaces de estimular el desarrollo económico local sostenible y la generación de oportunidades de reactivación económica basada en la innovación y la mirada de futuro.
