Al igual que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hace unos días, un grupo de expertos de la Organización en garantías fundamentales* pidieron este martes a las autoridades y a los cuerpos de seguridad de Kazajistán que pongan fin al uso incontrolado de la fuerza contra los manifestantes.
Tanto los especialistas como Michelle Bachelet, quien recordó en un mensaje en su cuenta de Twitter que el número de víctimas mortales en los recientes disturbios ya ascienden a 164, demandaron que se conduzcan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza contra las personas que salieron a manifestarse.
Los expertos se mostraron especialmente preocupados por la orden emitida por el presidente kazajo, Kasim Yomart Tokáyev, de “abrir fuego letal contra los manifestantes si estos ofrecían resistencia a las autoridades. El mandatario calificó además a los participantes en las protestas de “bandidos y terroristas”.
No se puede calificar a los manifestantes de terroristas
Con relación a este último vocablo, la relatora especial sobre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos, Fionnuala Ní Aoláin, señaló que, en este contexto, el uso excesivamente generalizado de la palabra «terrorismo» contra manifestantes, activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas y partidos políticos “parece destinado a infundir miedo” y es “profundamente preocupante”.
Los expertos advirtieron que el uso “inexacto, retórico y excesivamente amplio” de la palabra, es incompatible con el derecho internacional y mina los derechos humanos de toda la población de Kazajistán.
“El mal empleo de la palabra «terrorismo» socava la seguridad de todos y minimiza el sentido de este término, que tiene un significado específico en el derecho internacional”.
Del mismo modo, destacaron que no debe utilizarse este tipo de lenguaje “para silenciar a quienes no comparten la opinión del gobierno, a quienes protestan por las condiciones sociales y económicas y a quienes expresan opiniones políticas”, e indicaron que los actos violentos deben tratarse dentro del marco del código penal de Kazajistán.
“El gobierno debe proteger el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión y de reunión y asociación pacíficas”, recordaron.
Los especialistas también indicaron que la fuerza letal solo debe utilizarse en defensa propia y cuando se hayan agotado todos los demás medios, incluidos los no letales. Agregaron que estos principios también se aplican a las fuerzas extranjeras que operan en el territorio kazajo con su consentimiento.
Las protestas en Kazajistán se iniciaron el pasado 2 de enero cuando el gobierno aumentó el precio del gas para uso doméstico y en vehículos. Desde ese día, los disturbios se han extendido en el país, sacando a flote reclamos de larga data.
*Los expertos firmantes de la declaración son: Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; y Melissa Upreti (presidenta), Dorothy Estrada-Tanck (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
