Esta semana en seis municipalidades del país se vivió un ambiente tenso ante la decisión que debían tomar desde el Concejo Municipal.
Suspender o no el salario a sus alcaldes durante seis meses, mientras se les investiga por el “caso diamante” fue la discusión a la que tuvieron que someterse.
En el caso de los alcaldes Johnny Araya, de la Municipalidad de San José; Alberto Cole de Osa; Alfredo Córdoba de San Carlos y Humberto Soto en Alajuela optaron por renunciar a su sueldo.
La Contraloría General de la República envió una carta a las municipalidades advirtieron que a los alcaldes suspendidos de sus cargos no se les debe pagar mientras estén fuera de su cargo.
Mientras que el Concejo Municipal de Cartago decidió enviar ese mismo documento a la administración para que se procediera con el no pago de este dinero a Mario Redondo, alcalde cartaginés.
Por su parte, en la Municipalidad de Escazú una comisión se encargará de revisar la moción, pero aún no toman una decisión final al respecto.
Los seis alcaldes imputados por el “caso diamante” son sospechosos de recibir dádivas o favores a cambio de licitaciones para MECO.