La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó este martes que 8,3 millones de personas precisan asistencia de emergencia en El Salvador, Guatemala y Honduras y pidió a la comunidad de donantes internacionales que aporten fondos por 588 millones de dólares para atender las necesidades más acuciantes de esa población.
Los recursos solicitados permitirían ejecutar el Plan de Respuesta Humanitaria para los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, en marcha desde el mes pasado y diseñado para abarcar hasta diciembre de 2022. La estrategia tiene como meta socorrer a los 4,3 millones de personas más necesitadas y vulnerables de esa región.
El Salvador, Guatemala y Honduras padecen grandes necesidades agudizadas por la pobreza elevada, los choques climáticos recurrentes, la violencia crónica, el acceso limitado a servicios de salud y los flujos migratorios desde y dentro de sus territorios, explicaron los participantes en un evento virtual organizado por OCHA para amplificar el llamamiento humanitario.
La pandemia y los huracanes revierten los logros
El coordinador adjunto de Ayuda de Emergencia de la ONU, Ramesh Rajasingham, explicó que si bien las agencias de las Naciones Unidas han trabajado desde hace años para ayudar a aliviar estos problemas y han logrado algunos avances; la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota, ocurridos en noviembre de 2020, aumentaron un 60% el número de personas con necesidad de asistencia.
El evento contó con la participación de los representantes permanentes de los tres países ante la ONU, así como de altos dirigentes de los organismos de la ONU presentes en el terreno.
El embajador de Guatemala, Luis Antonio Lam Padilla, indicó que el Plan de Respuesta Humanitaria se centra en la atención de tres áreas prioritarias: los daños causados por Iota y Eta, la sequía que afecta la seguridad alimentaria y la movilidad de la población, lo que incluye la migración.
El diplomático afirmó que esos son los principales desafíos de su país y apeló a la comunidad internacional para poder darles solución.
“Con este plan se fortalecen las bases para ser resilientes ante la vulnerabilidad de las inclemencias climáticas. Invertir en sostenibilidad es siempre una buena inversión a largo plazo. (…) Reconocemos que cada Estado tiene la responsabilidad primordial de atender a las víctimas de los desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su territorio; sin embargo, es fundamental contar con el apoyo de la cooperación internacional y las expresiones de solidaridad tomando debida cuenta de las prioridades identificadas por el Estado afectado”, apuntó Lam Padilla.
Atención inmediata y soluciones a largo plazo
El Plan de Respuesta busca, en primer lugar, contribuir a proteger y salvar la vida y la dignidad de las personas afectadas y en riesgo por el impacto de la violencia, el desplazamiento, los efectos de los desastres y el COVID-19 con un enfoque de derechos humanos y tomando en consideración factores como la protección, edad y el género.
Además de esa etapa inmediata, la estrategia tiene la intención de ayudar a implementar soluciones sostenibles de desarrollo que promuevan el acceso a los servicios esenciales, el respeto de los derechos humanos y la autosuficiencia y resiliencia de las personas afectadas y en riesgo.
En este sentido, una de las máxima prioridades es garantizar la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo a través de la recuperación de los medios de vida de la población damnificada, así como rehabilitando e impulsando a los sectores agrícola, ganadero y pesquero, señaló el director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Laurent Thomas.
Desplazamiento y migración
Otro de los graves problemas de los tres países centroamericanos es la migración y desplazamiento de cientos de miles de personas que huyen no sólo de los desastres y la pobreza, sino de la inseguridad y la violencia. En el último año, la cifra de desplazados alcanzó un récord con casi 870.000 personas, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
La subtitular de ACNUR, Kelly Clements, señaló que el número de desplazados de El Salvador, Honduras y Guatemala se ha multiplicado por 50 en la última década, además de que un 12% de las peticiones de asilo en todo el mundo fueron de ciudadanos de esos países.
Clements viajó recientemente a las tres naciones y observó de primera mano las carencias de la población más vulnerable.
“Ha llegado el momento de responder a las necesidades de más de ocho millones de personas y de proteger a más de un millón. (…) Este llamamiento ayudará a mitigar los factores que detonan la migración”, enfatizó.
Fortalecer la asistencia
También refiriéndose a la migración, el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Amir Abdulla, subrayó que nueve millones de personas en la región sufren inseguridad alimentaria y que esa situación empeora cada día.
Es por esta razón que en el último lustro medio millón de personas de la zona ha intentado migrar a Estados Unidos cada año, agregó.
“Sabemos que estas personas preferirían quedarse en su país si tuvieran más oportunidades, hubiera seguridad alimentaria y pudieran cultivar sus tierras. El Plan de Respuesta Humanitaria trata de lograr eso precisamente: proteger y salvar vidas con ayuda humanitaria; proveer soluciones sostenibles que contribuyan a que sean autosuficientes y resilientes y, por encima de todo, mitigar el impacto del cambio climático”, puntualizó.
Antes de finalizar el evento, el coordinador adjunto de Ayuda de Emergencia lamentó que hasta ahora los donantes hayan mostrado desinterés por el Triángulo Norte de Centroamérica e instó a la comunidad internacional a fortalecer la asistencia para aliviar el sufrimiento de la población y auxiliarla en la construcción de entorno resiliente que le permita ser autosuficiente y productiva.
