El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la ley de voto informado para corregir el error cometido durante el procedimiento legislativo.
Se trata de una reforma al artículo 148 del Código Electoral que podrá entrar en vigencia antes de las elecciones nacionales del 2022.
El proyecto de ley obliga a las candidaturas a puestos de elección popular a presentar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al momento de la inscripción sus propuestas o plan de gobierno y au biografía.
Ante las «dudas razonables» del Gobierno de si el Congreso efectivamente consultó el criterio del TSE sobre este proyecto, ambos poderes acordaron que el veto era la mejor salida.
El miércoles 4 de agosto, los diputados aprobaron el proyecto y fue remitido d inmediato a la Presidencia de la República para que fuese firmada por el mandatario. Sin embargo, al día siguiente, 5 de agosto, de forma verbal el Tribunal Supremo de Elecciones puso en conocimiento del Poder Ejecutivo la existencia de un posible yerro en el procedimiento legislativo.
“Con apego y ejercicio respetuoso de las facultades otorgadas dentro del Estado democrático de Derecho, el Poder Ejecutivo procede a devolver al Poder Legislativo el Decreto Legislativo número 10.018, sin la sanción correspondiente debido al presente acto de veto por razones de inconstitucionalidad, para que se enmiende el posible vicio de procedimiento y sea factible posteriormente, convertirlo en Ley de la República como en Derecho corresponde”, manifestó el presidente Carlos Alvarado a la presidenta legislativa, Silvia Hernández.
