“El proceso de paz en Colombia, al cumplir casi cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, está entrando en una etapa crucial”, dijo este martes Carlos Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia presentó al máximo órgano resolutivo el más reciente informe del Secretario General sobre el país sudamericano, en el que resaltó el empeño y trabajo de todos los actores del Acuerdo pese a los retos que van encontrando en el camino.
Como prueba de esa voluntad mencionó los avances simultáneos de las entidades del sistema de justicia transicional creado por el Acuerdo, que ha requerido la participación de todos, incluidas las víctimas del conflicto.
Reconocimiento de crímenes de guerra
En este renglón citó también el reconocimiento oficial que hicieron en abril pasado siete excomandantes de las FARC-EP de responsabilidad de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en un caso de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad; así como la imputación de atrocidades a once individuos, incluidos oficiales del Ejército, en un caso de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
Ruiz Massieu destacó también los cuerpos de personas desaparecidas hallados por la Unidad de Búsqueda gracias a información provista por exguerrilleros, exparamilitares y agentes del Estado. “Esta labor contribuye a dar sosiego a las familias de las víctimas tras años de dolorosa incertidumbre”, aseveró.
Agregó que la Comisión de la Verdad propicia espacios de reconocimiento en los que las víctimas han podido estar frente a frente y dialogar con quienes años atrás les causaron irreparables daños.
“Todos estos hechos –impensables hasta hace poco en Colombia– son hoy posibles gracias al Acuerdo de Paz”, aseguró el representante del Secretario General de la ONU.
Condición necesaria
El diplomático afirmó que la institucionalidad creada para garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición ha empezado a rendir frutos “que ahora demandan estar a la altura de la tenacidad y la generosidad de las víctimas del conflicto y satisfacer sus derechos”.
“Esta es, en esencia, una condición necesaria para el éxito del Acuerdo de Paz. Y es una tarea que requiere esfuerzos constantes, humildad y empatía”, puntualizó.
Violencia contra excombatientes
Por otra parte, reportó la persistencia de agresiones contra ex integrantes de las FARC-EP, líderes sociales y comunidades en algunos municipios de la subregión de Montes de María y de la costa del Pacífico, además de zonas del noreste y sur del país.
Argumentó que esta violencia tiene que ver con acciones de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que prosperan en áreas con presencia limitada del Estado, pobreza y economías ilegales.
Ruiz Massieu consideró muy preocupantes la violencia y la estigmatización contra los excombatientes y miembros del partido Comunes de cara a las elecciones programadas para 2022, en las que esperan participar activamente en todo el país.
Para el jefe de la Misión de la ONU esta persistencia de la violencia y la inseguridad evidencia la necesidad urgente de mejorar las medidas de prevención y protección, así como de implementar provisiones concretas para desmantelar las organizaciones ilegales y enjuiciar a los responsables de crímenes; y para ampliar las instituciones estatales, los servicios públicos y la oportunidades de desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto lo más pronto posible.
En este marco, hizo hincapié en el compromiso mostrado por los ex combatientes para construir una nueva vida y participar en la construcción de la paz y el desarrollo de sus comunidades.
Protestas
Con respecto a las recientes protestas de la población en todo el país, señaló que reflejan las dificultades que desde hace mucho tiempo padecen los colombianos en medio de la tercera oleada de la pandemia de COVID-19.
El informe del Secretario General da cuenta de enfrentamientos violentos entre las fuerzas públicas y los manifestantes. También reporta abusos de las fuerzas del orden, vandalismo contra la infraestructura pública y bloqueos de carreteras, aunque aclara que la mayor parte de las movilizaciones fueron pacíficas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió denuncias de 56 muertes (54 civiles y dos policías) y de centenares de personas heridos entre el 28 de abril y el 16 de junio.
Ruiz Massieu llamó a manifestarse pacíficamente e instó al diálogo para resolver cualquier diferencia. “La sociedad y las instituciones colombianas deben ver la implementación del Acuerdo Final como una oportunidad para ayudar a abordar muchos de los problemas de larga data que enfrenta el país”, acotó, pasos audaces para acelerar la implementación en los próximos meses.
Proceso electoral pacífico
Tras calificar como “un avance alentador” la aprobación de 16 escaños para la participación en el Congreso de poblaciones históricamente excluidas en regiones afectadas por el conflicto, confió en que el nuevo ciclo electoral sea pacífico e incluyente, con los líderes de todo el espectro político actuando en un entorno de respeto y no estigmatización.
Asimismo, se pronunció por la participación en el proceso democrático de los jóvenes y las mujeres que protagonizaron las movilizaciones para que sean parte activa de la construcción de un futuro mejor para su país.
Narcotráfico
En la sesión del Consejo de Seguridad estuvo presente la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, quien atribuyó las muertes ocurridas en las protestas a “minorías que se infiltraron” con armas.
La canciller sostuvo que existe gente que quiere abatir el sistema colombiano para llegar al poder y que se trató de “un proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas” del país que coincide de forma “extraña” con el ciclo electoral en puerta.
Se refirió también al narcotráfico como un desafío persistente sobre el que las FARC deben avanzar con mayor celeridad “y compromisos reales y contundentes” para ponerle fin en Colombia.
Solicitó que se identifiquen las rutas del narcotráfico, al igual que a sus aliados internacionales y a manera en que “mueven los recursos de este negocio quienes se denominan disidencias de las FARC porque allí está la causa fundamental de la muerte de tantos líderes defensores de derechos humanos, de restitución de tierras y, sobre todo, líderes en la sustitución de cultivos”.
“Colombia reitera el llamado a la corresponsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico y a una mayor eficacia para perseguir el procesamiento de drogas. Desafortunadamente, hoy por hoy, sale la droga de nuestro país y se procesa en laboratorios de distintos países, inclusive, en algunas de las economías desarrolladas”, puntualizó.
Ramírez pidió corresponsabilidad además para perseguir la deforestación y la trata de personas vinculadas al narcotráfico.
Sí hay avances
“Nosotros tenemos grandes retos, pero no desfalleceremos frente a un proceso de gran complejidad”, enfatizó la ministra.
Luego de recalcar que el informe omite casi por completo el tema del narcotráfico, recordó que la implementación del Acuerdo de Paz es un proceso complejo emplazado a quince años y defendió los avances logrados “que superan” las metas estipuladas para apenas un lustro.
En este tenor se dijo sorprendida de que los integrantes del Consejo de Seguridad consideraran que no hay ningún progreso.
“Yo no he escuchado eso en el informe del doctor Carlos Ruiz Massieu. Me parece que reconoce que hay avances. Nosotros quisiéramos que fueran del 100%, pero han transcurrido sólo cinco años después de la firma del Acuerdo, para el que se definieron quince años de plazo para su implementación con unos costos que sin duda desbordan el presupuesto de Colombia, como desbordarían los presupuestos de cualquiera de los países que se encuentran acá representados”, insistió Ramírez.